Redacción/Sateliteonline.mx
Culiacán, Sinaloa, 8 de enero de 2025. El Congreso del Estado de Sinaloa recibió al gobernador Rubén Rocha Moya, quien expuso ante la 65 Legislatura su iniciativa de solicitud de crédito por 2,300 millones de pesos, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social a través de obras públicas en los 20 municipios del estado.
El mandatario estatal explicó ante los 40 diputados que estos recursos estarán destinados exclusivamente a infraestructura estratégica, con el propósito de generar empleo, mejorar servicios públicos y fortalecer la economía local.
La iniciativa fue recibida por María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. Durante la sesión, Rocha Moya presentó un desglose detallado de las obras planeadas y los beneficios proyectados para cada municipio.
El gobernador destacó que la urgencia de este crédito se debe a un adeudo heredado por la administración pasada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que asciende a 2,300 millones de pesos y debe liquidarse en enero. Explicó que, de no cubrirse esta obligación, Sinaloa enfrentaría dificultades para ejecutar obra pública durante el presente año.
“Si esta semana se aprueba la iniciativa, en esta misma semana estaremos licitando muchas de las obras estratégicas para reactivar la economía del estado”, afirmó Rocha Moya.

El gobernador aseguró que este crédito no comprometerá las finanzas a largo plazo, pues la disciplina financiera y las proyecciones actuales permitirán que al término de su administración la deuda pública sea menor a la que recibió.
Asimismo, informó que Sinaloa cuenta con un presupuesto total garantizado de 76,902 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la inversión privada, lo que garantiza la viabilidad de los proyectos planteados.
La presentación se llevó a cabo en el Salón Constituyentes de 1917, con la presencia de diputadas y diputados locales, legisladores federales, empresarios, los 20 alcaldes y alcaldesas, así como diversos funcionarios públicos.
