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Flor Emilia Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena, criticó la decisión de absolver al ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, luego de cubrir el 50% del monto que aceptó haber desviado como funcionario público. Lo calificó como un caso decepcionante en la procuración de justicia y pidió mediante un punto de acuerdo un informe detallado de la investigación y el proceso acusatorio a la Auditoria Superior del Estado.
“El hecho de que los delitos cometidos por servidores públicos no son considerados como graves, les permite seguir su proceso en libertad, lo que acentúa la percepción sobre la impunidad de la que gozan. De ahí que una de las principales exigencias de la sociedad, y que Morena hace suya, es que los funcionarios que incurran en estos delitos se sometan a prisión preventiva”, inició la legisladora.
Recordó que el pasado seis de diciembre el Senado de la República aprobó reformas al artículo 19 Constitucional para incorporar al catálogo de delitos graves, los relacionados con la corrupción de los servidores públicos, y agregó:
“En Sinaloa, en marzo de 2017, la anterior legislatura elevó las pena de prisión para algunos delitos en los que incurren los funcionarios públicos, pero de manera inexplicable no lo hizo para el caso de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos, tipificado como desempeño irregular de la función pública”,
En ese contexto, el pasado mes de noviembre del 2017 la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre una orden de aprehensión en contra de Ernesto Echeverría Angulo, Secretario de Salud en Sinaloa durante el sexenio 2011-2016; quién fue señalado por la Auditoría Superior del Estado de utilizar el sistema de salud a su cargo para realizar operaciones por sumas que superaron los 87 millones de pesos en beneficio a la red empresarial a la que pertenece.
Además, el pasado 31 de julio de 2018 el ex funcionario aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos en los servicios de salud. Pese a esto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento una suspensión condicional de proceso cubriendo un monto de siete millones de pesos en tres pagos, como medida de reparación que fue aceptada por la Auditorías Superior.
“No ha quedado claro bajo que criterios se propuso recuperar sólo el 50% del desvío, pero una vez cubierta la cantidad señalada el pasado jueves 7 de febrero, el juez dio por terminado el caso porque la fiscalía renunció al recurso de revisión. Para nuestro Grupo Parlamentario, este es un caso decepcionante en la procuración de justicia y combate a la corrupción”, expresó la legisladora morenista.
A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, Flor Emilia Guerra propuso ante la Diputación Permanente un punto de acuerdo, solicitando a la auditora Emma Guadalupe Félix un informe sobre la participación de la auditoría, tanto en la investigación del funcionario como en su proceso acusatorio.
En este punto de acuerdo además se pide que la Diputación Permanente solicite al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que confirme si los siete millones de pesos presuntamente cubiertos por el acusado fueron efectivamente depositados en la tesorería del estado y no se trata de otro acto de simulación.
