Mazatlán, Sinaloa — El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su enérgica condena por la detención de periodistas de Línea Directa y de un medio local de Mazatlán, ocurrida el pasado 15 de diciembre de 2024. Los comunicadores realizaban labores informativas en el marco de un operativo militar llevado a cabo en la colonia Federico Velarde de dicho municipio.
Aunque los periodistas afectados han sido liberados, el Instituto destacó que ningún periodista debe ser detenido ni agredido por ejercer su derecho a informar. Recordó que el periodismo es una función esencial para el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio pleno del derecho a la información.
“Manifestamos nuestra más rotunda condena ante cualquier acto que limite el ejercicio libre y seguro del periodismo. Las autoridades tienen la obligación de proteger a quienes ejercen esta labor vital, absteniéndose de realizar cualquier acción u omisión que ponga en riesgo o afecte los derechos fundamentales de periodistas”, señaló el Instituto en un comunicado oficial.
El organismo también hizo un llamado a las autoridades para que implementen medidas efectivas que garanticen la protección de periodistas y comunicadores en cualquier circunstancia. Subrayó que la labor periodística debe realizarse dentro de los límites que protejan tanto la seguridad pública como las investigaciones en curso, pero enfatizó que las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos de los comunicadores y permitirles trabajar sin obstáculos.
“Esta colaboración entre periodistas y fuerzas de seguridad es esencial para garantizar la seguridad pública, el flujo de información y la protección de los derechos humanos”, agregó.
El Instituto reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Asimismo, aseguró que continuará trabajando para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa, particularmente en contextos donde su seguridad y labor puedan estar en riesgo.
Este incidente subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección hacia quienes ejercen el periodismo, especialmente en un entorno de creciente violencia e inseguridad para los comunicadores en México.
