Milenio
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que la detención de su antecesor César Duarte, quien fue capturado ayer en Florida, Estados Unidos,no es un regalo ni un favor del gobierno de aquel país, sino una aprehensión derivada de un tratado internacional.
«Es un proceso muy largo como para decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores; es el cumplimiento de un tratado no es un regalo, no es un favor de Estados Unidos es el cumplimiento de un tratado que México suscribió y que tienen en ele centro el combate a la corrupción y a la impunidad (…) es el cumplimiento de la ley y de un tratado internacional», dijo en videoconferencia de prensa.
Corral detalló que el proceso de extradición de César Duarte «había sido muy manoseado por la anterior administración» y el ex gobernador «tuvo la protección hasta el último día del mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto; él le colocó un manto de un impunidad a la que había gozado, pero con la entrada del nuevo gobierno cambió esa suerte».
«Debo de decir que esta detención sí es muy esperanzadora en torno de lo que puede ser un gran antecedente en combate a la corrupción porque son muy sólidas las investigaciones del Ministerio Público porque el arsenal probatorio con el que acompañó cada carpeta de investigación hablan de un trabajo profesional fuerte que puede decantar un gran precedente del combate a la corrupción», manifestó.
Extradición tardará varios meses: fiscal de Chihuahua
Esta mañana el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo en entrevista para MILENIO Televisión que la extradición de César Duarte es un proceso que podría tardar varios meses toda vez que se trata de «un trámite que no habrá de ser inmediato y vamos a tener que esperar seguramente varios meses hasta que logremos tener el resultado final deseado».
El funcionario explicó que aún falta ver «la variable de qué estrategia asume la defensa» de Duarte, contra quien en el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República presentó ocho peticiones de extradición, todas ellas solicitadas por el gobierno de Chihuahua.
