Culiacán, Sinaloa.– Como parte de los operativos de seguridad y combate a la delincuencia, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, llevaron a cabo diversas acciones en los municipios de Navolato y Culiacán, que resultaron en el aseguramiento de vehículos, municiones, equipo táctico y cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular.
En el municipio de Navolato, durante recorridos de vigilancia terrestre en el poblado Paraíso, se localizó un vehículo sin reporte de robo que contenía 85 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores para armas de fuego, equipo táctico y dos cubetas con ponchallantas. Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.
En una segunda acción en la sindicatura Juan Aldama, también en Navolato, personal militar aseguró otro vehículo, este con reporte de robo vigente. En su interior se encontraron 80 cartuchos útiles, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades y devolver la unidad a su legítimo propietario.
Por otra parte, en la ciudad de Culiacán, las fuerzas de seguridad retiraron cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular en colonias como Alturas del Sur, Las Coloradas, La Cascada y Campesina El Barrio. En total, se aseguraron cinco cámaras (una PTZ inalámbrica y cuatro fijas alámbricas), así como un Access Point. Con esta acción, el número acumulado de dispositivos retirados de infraestructura pública asciende ya a 2,172 cámaras desde el inicio de este operativo.
Se destacó que ninguno de los equipos asegurados estaba enlazado con el sistema estatal C4i, y se reiteró que las instalaciones del sistema de videovigilancia oficial cuentan con los mecanismos tecnológicos necesarios para evitar intervenciones no autorizadas.
Las autoridades recordaron que la instalación de cámaras en infraestructura pública por parte de particulares es ilegal, y en muchos casos, estas son utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden.
