Culiacán, Sinaloa, 23 de octubre de 2024. – Asesores legales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) señalaron que las recientes declaraciones de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), María Teresa Guerra Ochoa, son interpretaciones «torcidas y falacias». Exigieron que el Congreso cumpla con la sentencia de amparo que la UAS ganó en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, antes de dar consejos sobre legalidad y moralidad.
El abogado universitario, Dr. Milton Ayala Vega, respondió a las dudas de Guerra Ochoa sobre la legitimidad del Dr. Candelario Ortiz Bueno como encargado del Despacho de Rectoría. Explicó que la Ley Orgánica no contempla un escenario en el que una persona titular de la Rectoría sea suspendida por un proceso judicial. Por tanto, la separación de Ortiz es temporal, lo cual fue ratificado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Ayala Vega aclaró que Ortiz Bueno, como secretario de la UAS, está supliendo al rector suspendido, Jesús Madueña Molina, y no a Robespierre Lizárraga, quien asumió temporalmente el cargo durante la ausencia de Madueña.
Asimismo, subrayó que la Universidad actúa conforme a la ley, ya que no se contempla una suspensión mayor a 40 días para el rector. En ese lapso, no pueden nombrar un rector sustituto ni interino porque la suspensión es provisional, lo que significa que Madueña podría regresar a su cargo en cualquier momento.
“No pueden nombrar un rector sustituto porque violaría sus derechos. Si la Fiscalía y el Congreso violan leyes, la Universidad no lo hace”, destacó Ayala Vega.
Por su parte, el Dr. Ramón Bonilla Rojas, consejero universitario y defensor legal, respaldó las declaraciones de Ayala Vega. Criticó que las afirmaciones de la presidenta de la JUCOPO carecen de fundamentos y reiteró que en noviembre no termina el mandato de los consejeros universitarios, desmintiendo así los rumores.
Bonilla también explicó que el Juez Federal no está revisando la legitimidad de los procesos dentro del amparo presentado por la UAS. Señaló que la universidad ha obtenido suspensiones definitivas y que las modificaciones a la Ley Orgánica no surtirán efectos jurídicos.
En ese sentido, acusó al Congreso de «dar la vuelta a la ley» y violar las facultades de autogobierno de la UAS mediante la consulta inconstitucional y la aprobación de una Ley de Educación Superior que no respetó los procedimientos legislativos adecuados.
Finalmente, los abogados hicieron un llamado al Congreso para cumplir con la sentencia de amparo, donde la UAS ganó y se declaró inconstitucional la Ley de Educación Superior. Enfatizaron que la Ley Orgánica de la UAS debe regresar a su estado anterior, sin aplicar las reformas viciadas que se aprobaron.
