Por Animal Político

Francisco Báez Álvarez, uno de los exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) que están siendo investigados por su posible participación en el desvío de recursos públicos en la llamada Estafa Maestra, ha interpuesto siete amparos durante los últimos seis meses en el proceso penal que enfrenta, con la intención de retrasar sus comparecencias y saber si existen órdenes de aprehensión en su contra.

Él fue director de Programación y Presupuesto Sedatu, es decir, era el encargado de liberar los recursos públicos para pagar a las universidades que supuestamente harían diversos servicios a la dependencia, pero que en realidad no se cumplían, según confirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Su cargo dependía directamente del Oficial Mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, quien también tuvo el mismo puesto en la Secretaría de Desarrollo Social, durante las administraciones de Rosario Robles en ambas dependencias.

Báez Álvarez también fue director de Programación y Presupuesto en Sedesol, entre 2013 y 2015, y antes director general de Recursos Materiales, en ambos cargos como subalterno de Zebadúa, como indica su declaración patrimonial en Declaranet.

De acuerdo con la Auditoría, tanto en Sedesol como en Sedatu ocurrió el presunto desvío de recursos públicos mediante el cual las dependencias subcontrataban servicios con universidades públicas, y éstas a su vez subcontrataban a empresas que no cumplieron con los servicios, según diversas auditorías realizadas.

Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción revelaron que las empresas utilizadas en los supuestos servicios a Sedesol eran irregulares e incluso fantasma. Sólo entre 2013 y 2014 la dependencia entregó 2 mil 224 millones de pesos a través de este mecanismo.

Por esto, la Auditoría interpuso 25 denuncias penales ante la PGR entre 2015 y 2018, en contra de la Sedesol, siete universidades públicas, un sistema de Radio y Televisión; y 4 denuncias más en contra de la Sedatu en octubre de 2018.

Los amparos
Animal Político revisó los expedientes de todos los amparos interpuestos por el exfuncionario, entre julio de 2018 y enero de 2019, en el apartado de consulta pública del Consejo de la Judicatura Federal.

El primer amparo número 617/2018 fue tramitado por Báez Álvarez el 31 de julio de 2018, sólo para saber si existía una orden de aprehensión. Proceso que finalizó el 17 de septiembre del mismo año con el sobreemiento del amparo, es decir, el juez suspendió el proceso porque no encontró causas que justificaran la acción.

El 30 de noviembre de 2018 tramitó el amparo número 1051/2018 argumentando “las omisiones de citarlo a comparecer en su calidad de imputado para hacerle saber sobre la acusación, los datos de prueba o elementos que existen en su contra”, como parte de las carpetas de investigación FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-MOR/0001408/2017, FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001929/2017 y FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000011/18.

Esto le permitió que el juez le concediera una suspensión provisional el 5 de diciembre de 2018, por la cual obtuvo la suspensión de la audiencia incidental prevista para el 11 de diciembre de 2018.

El amparo 1062/2018 interpuesto el 3 de diciembre de 2018, concluido el 11 de enero de 2019, por “incompetencia por conocimiento previo”, dictado por el juez al considerar que la existencia de dos amparos previos donde argumenta que no se le había notificado para presentarse a audiencia. Esta resolución le permitió “dejar sin efectos” la audiencia prevista para el 23 de enero de 2019.

El 30 de noviembre reclamó en el amparo 1050/2018 “actos fuera de juicio”, por no haberle notificado de una audiencia inicial fijada para el 29 de noviembre de 2018 donde se haría la formulación de imputación en la causa penal 444/2018.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2018, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, desechó el amparo al considerar que la cita a la audiencia “no ocasionaba un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el Juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional”.

El 4 de diciembre volvió a interponer un recurso para saber si había una orden de aprehensión en su contra, pero ésta vez en el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pero se declaró incompetente y el 30 de enero, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos resolvió que el amparo le correspondía al Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

En tanto, los amparos 24/2019 y 27/2019 interpuestos el 10 de enero de 2019 reclamaban también la omisión de citar a comparecer en calidad de imputado a Báez como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/11/18 y la FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-MOR/0001408/2017.

El otro funcionario implicado es Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, que fue vinculado a proceso, lo cual significa que continuará la investigación en su contra pero por el delito de falsedad de declaración, toda vez que aseguró que su firma fue falsificada en uno de los convenios que dio origen a un presunto desvío de recursos públicos.