Las modificaciones contemplan penas de hasta cinco años de prisión, mayores multas y nuevos requisitos para aspirantes a cargos públicos y juzgadores.
Culiacán, Sinaloa; 28 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado aprobó una serie de reformas legales encaminadas a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, endureciendo las sanciones para quienes incumplan con esta responsabilidad y ampliando los mecanismos de control para evitar que deudores alimentarios accedan a determinados cargos públicos.
El paquete legislativo incluye cambios a diversas leyes estatales y ordenamientos jurídicos relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes, el ámbito familiar, electoral, municipal, notarial y judicial.
Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el Código Penal, donde se incrementan las penas para quienes incumplan injustificadamente con el pago de alimentos. A partir de estas modificaciones, las sanciones pasarán de un rango de tres meses a dos años de prisión a una penalidad de entre dos y cinco años, además de multas que podrán alcanzar hasta 360 días.
Las reformas también contemplan castigos más severos para quienes intenten evadir sus responsabilidades mediante maniobras destinadas a aparentar insolvencia económica, conducta que podrá ser sancionada con hasta seis años de cárcel y la suspensión o pérdida de derechos familiares respecto de la persona afectada.
Otro de los puntos aprobados establece la obligación de presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para contraer matrimonio en Sinaloa, además de reforzar el funcionamiento y actualización de dicho registro mediante la participación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Las nuevas disposiciones también alcanzan el ámbito político y electoral. Quienes aspiren a una diputación local deberán acreditar que no se encuentran inscritos como deudores alimentarios al momento de solicitar su registro como candidatos.
De igual manera, se incorporan requisitos similares para síndicos, comisarios municipales, magistrados de circuito y jueces de primera instancia, quienes además no deberán contar con antecedentes relacionados con violencia política de género ni sentencias firmes por delitos contra la familia o la libertad sexual.
En materia notarial, se aprobó que las personas notarias soliciten el certificado correspondiente en operaciones relacionadas con compraventa de inmuebles y transmisión de derechos reales.
Las reformas también incluyen adecuaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la atención de menores migrantes, así como ajustes administrativos para mejorar la integración y actualización de la información vinculada con las obligaciones alimentarias.
Con estas modificaciones, el Poder Legislativo busca fortalecer las herramientas jurídicas para garantizar el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, además de establecer mayores consecuencias para quienes incumplan con esta obligación legal.
