Culiacán, Sinaloa, 24 de febrero de 2026.– La Universidad Autónoma de Sinaloa obtuvo respaldo judicial a las reformas implementadas dentro de su Reingeniería Integral Universitaria, luego de que jueces de distrito y tribunales colegiados determinaran que la retención aplicada a personal jubilado es constitucional y legal, y que la institución no incurre en abuso alguno.
De acuerdo con el informe presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UAS, encabezada por Alfonso Carlos Ontiveros Salas y compartido al Consejo Universitario por el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, José Ramón Bonilla Rojas, el criterio coincide con resoluciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimosegundo Circuito.
Según lo expuesto, el fondo del conflicto radica en que un sector minoritario de jubilados considera la jubilación dinámica como un “derecho adquirido” inmodificable; sin embargo, se argumentó que la retención forma parte de un mecanismo financiero necesario para garantizar la continuidad de esa prestación y evitar su colapso.
Se señaló que la mayoría de los quejosos también percibe pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se pone en riesgo su subsistencia al mantener un estándar superior al promedio constitucional.
En Sinaloa, diez jueces de distrito —tres en la zona norte, cuatro en Culiacán y tres en el sur— han conocido amparos promovidos por jubilados; la mayoría fue desechada por notoriamente improcedente y el resto permanece en trámite.
En el análisis también se advierte que, de no seguir la directriz emitida por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia de reingeniería, o en el remoto caso de que la estrategia fuera revocada por mandato judicial, la jubilación dinámica estaría en riesgo de desaparecer por falta de recursos, además de comprometer la estabilidad financiera de la Universidad.
El posicionamiento resalta que las resoluciones judiciales fortalecen el camino trazado por la institución para garantizar su viabilidad económica y preservar las prestaciones contractuales de su comunidad universitaria.
