La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado revisó las finanzas de diez ayuntamientos; Escuinapa, Mocorito y San Ignacio no lograron la aprobación.
Culiacán, Sinaloa.– La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado continuó este miércoles con el análisis y dictaminación de las Cuentas Públicas municipales del ejercicio 2024, aprobando siete y desaprobando tres, tras detectar irregularidades financieras y administrativas en algunos ayuntamientos.
Los municipios que obtuvieron aprobación unánime fueron Guasave, Juan José Ríos, Mazatlán, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado y Sinaloa, mientras que las Cuentas Públicas de Escuinapa, Mocorito y San Ignacio fueron rechazadas; las dos últimas de forma unánime y la primera por mayoría, con un solo voto a favor.
Durante la revisión, los legisladores evaluaron el manejo de los recursos públicos, la documentación comprobatoria de los gastos y la aplicación de fondos en obra pública, con el fin de constatar que se hubieran ejercido conforme a los montos aprobados y las normas legales.
Aunque a los municipios con cuentas aprobadas se les hicieron observaciones, se aclaró que no implican daños ni recuperaciones al erario y que las autoridades locales todavía pueden justificar o aclarar los señalamientos ante los órganos de fiscalización.
En el caso de Escuinapa, los auditores detectaron pasivos sin fuente de pago por 40 millones 812 mil 736 pesos con 92 centavos, además de debilidades en el control interno y adjudicaciones directas en el 85.71 por ciento de la obra pública. También se registraron pagos sin comprobación, transferencias irregulares de recursos del Impuesto Predial Rústico a cuentas de gasto corriente y retiros no devengados.
En Mocorito, la revisión reveló pasivos sin fuente de pago por más de 20 millones 445 mil pesos, adjudicación directa en 85.71 por ciento de las obras, pagos excesivos de aguinaldos a nueve funcionarios, así como gastos sindicales y de uniformes sin facturas comprobatorias.
Mientras tanto, en San Ignacio se observaron pasivos sin fuente de pago por 2 millones 136 mil pesos no etiquetados y 811 mil pesos etiquetados, además de que el 86.84 por ciento de la obra pública fue adjudicada de manera directa. El dictamen también menciona el uso indebido de recursos del Impuesto Predial Rústico para cubrir el ISR de empleados, préstamos no recuperados a trabajadores y pagos improcedentes por servicios de ortodoncia.
