Culiacán, Sinaloa, 19 de agosto de 2025.- La audiencia programada para este martes en contra del alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fue suspendida por decisión del juez de Control Penal, Carlos Alberto Herrera, debido a la ausencia de los abogados defensores del imputado.
El propio Vargas Landeros reconoció que la diligencia había sido solicitada por él como parte de una estrategia conjunta con su equipo legal, sin embargo, explicó que al recibir la notificación con apenas 24 horas de anticipación, sus abogados —procedentes de fuera del estado— no alcanzaron a trasladarse a tiempo a Culiacán.
“Yo solicité esta audiencia, pero mis abogados vienen de fuera y no alcanzaron a llegar. Por eso pedimos posponerla”, declaró el exalcalde a su llegada a la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro.
Durante la diligencia, la defensa solicitó la cancelación definitiva de la audiencia y el retiro de los escritos presentados previamente por el acusado, petición que fue aceptada por el juez tras consultar con la representación de la Fiscalía.
Vargas Landeros enfrenta un proceso penal por los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido de la Función Pública, relacionados con el arrendamiento de 135 patrullas en 2021, por un monto superior a 161 millones de pesos, a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., sin licitación pública y con recursos comprometidos hasta 2024.
Las auditorías practicadas por la ASE y la ASF detectaron irregularidades en el contrato, entre ellas la falta de fianza de garantía y un probable daño al erario por 14.5 millones de pesos.
Aunque en la audiencia del 8 de julio la defensa argumentó que la adquisición se justificaba en un decreto federal que permitía compras directas tras la pandemia y que contribuyó a reducir la inseguridad, el juez desestimó ese planteamiento al señalar que no existía urgencia real, ya que varias de las patrullas fueron destinadas a áreas administrativas.
Como medida cautelar, Vargas Landeros y los ocho exfuncionarios municipales vinculados al caso deberán presentarse mensualmente en la UMECA durante seis meses, tiempo en el que reunirán pruebas para la continuación del proceso penal.
