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Culiacán, Sinaloa; a 21 de junio de 2022.-El Pleno del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene la expedición de la convocatoria pública para elegir a la persona que dirigirá el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La convocatoria va dirigida a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de defensa de derechos humanos y de periodistas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, para que propongan candidatas o candidatos.
El Acuerdo aprobado establece que las personas propuestas para ocupar tal cargo deberán contar con los requisitos siguientes:
–Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, en pleno ejercicio de sus derechos;
–Experiencia verificable de al menos cinco años en materia de defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión y periodismo;
–Tener al menos treinta años de edad al día de la designación;
–Poseer al día de la designación, una antigüedad mínima de cinco años título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia de defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión y periodismo que le permitan el desempeño de sus funciones;
–Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso;
–Presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial de forma previa a su nombramiento;
–No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos seis años anteriores a la designación;
–No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos seis años anteriores a la designación;
–No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y
–No ser secretario o subsecretario de Estado o de alguna dependencia nacional, ni Fiscal General del Estado, gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, a menos que se haya separado de su cargo seis años antes del día de su designación.
Las propuestas y autopropuestas deberán dirigirse a la Junta de Coordinación.
