Efrén Cárdenas/Satéliteonline.mx
Culiacán, Sinaloa; a 06 de marzo de 2023.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, retomó nuevamente el tema de la homologación de la ley general de educación superior del estado de Sinaloa dónde argumentó que quien está violando la autonomía universitaria es el líder moral del partido sinaloense y el propio rector universitario, Jesús madueña Molina, quien resultó electo mediante la parodia de elección ante el consejo universitario.
Sin embargo de todos es conocido que este fue designado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, ya que es quien designa a todos los directores de todo un campus universitario y funcionarios.
El objetivo que persigue la homologación de la nueva ley de educación superior estatal, es que sean los propios universitarios quienes elijan a sus autoridades mediante el voto universal, no se permita la intromisión de partidos políticos en la vida universitaria.
Descartó que tenga el interés u objetivo de manera personal de nombrar al rector o autoridades universitarias, eso sería un acto que se atente contra la autonomía universitaria.
Se debe ser congruente con lo que se expresa cuando se dice afectados por una ley que persigue libertad al voto universal y fiscalización a los recursos emanados del pueblo.
Hizo el llamado para que las autoridades universitarias expliquen el destino de los 4 mil 700 millones de pesos que se adeudan al SAT y que durante los periodos de rectoría no fueron comunicados para su auditación y hoy se tiene ese problema fiscalmente.
Reiteró el compromiso de apoyar a la universidad cuando esta requiera recursos para solventar las situaciones más apremiantes con las que se cuentan.
Pero debe ser mediante la clarificación que se haga ante las auditorías que tengan que practicarse para conocer el destino de las arcas de esta institución.
Lamentó que para mover a los universitarios tenga que recurrir al tráfico de plazas laborales, tráfico de calificaciones y de horas clase.
Hizo el llamado a la comunidad universitaria a ejercer su derecho como lo consagra la constitución de elegir a las autoridades mediante el voto libre y secreto sin campañas ostentosas que atenten contra la economía de la institución.