En audiencia inicial  después de haberse diferido en dos ocasiones a petición de la defensa se  formuló imputación ante el Juez de Control quien consideró los datos de prueba para vincular a proceso.
 
 
Culiacán, Sinaloa. A 15 de septiembre de 2023.- La Fiscalía General del Estado, luego de dos días de audiencias logró obtener auto de vinculación a proceso en contra del actual Rector y Ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el delito de Ejercicio indebido del servicio público, y en contra de los integrantes de los comité de adquisiciones de dicha Universidad de los periodos del 2020, 2021 y 2022, por los delitos de Desempeño Irregular Pública, relacionados con la compra de tortillas durante la pandemia destinadas para las casas de asistencia estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
 
 
En la Causa Penal 918/2023 que derivó del Cuadernillo Penal 836/2023, ambos relacionados con la carpeta investigación FGE/FECC/02/2023/CI, se obtuvo vinculación a proceso de todos los imputados después de haberse diferido en dos ocasiones la audiencia inicial, la primera el día 21 de julio del 2023 y la segunda el 31 de agosto del 2023, llevándose a cabo finalmente los días 13 y 14 de septiembre.
 
Como medidas cautelares a las y los imputados, por ejercicio indebido del servicio público, Jesús “M” y Juan  Eulogio “G” se les dictó la presentación periódica cada mes y medio ante la UMECA así como la prohibición de salir del país, Se negó la garantía económica propuesta y/o solicitada por la fiscalía; y se fijaron tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Estas mismas medidas cautelares se les impusieron a los vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, Héctor Melesio «C», Soila Maribel «G» , Jorge «P», Salvador «P», Ismael «G», Norma Alicia «A», Manuel de Jesús «L» y Óscar Orlando «G».
 
Se fijó audiencia especial para definir el tema relacionado con la competencia o no del juez para el día 25 de septiembre de este año a las nueve horas.
 
El diferimiento de la audiencia inicial, la cual fue con motivo de los argumentos dilatorios de los defensores particulares de los imputados, quienes manifestaban no contar con las copias de la carpeta de investigación, cuando ellos mismos obstaculizaban la entrega al no acudir a los citatorios.
 
En la audiencia inicial esta Fiscalía General de Sinaloa, expuso ante el Juez de control los datos de prueba con los que se cuenta en la carpeta de investigación, considerando el órgano jurisdiccional que existen indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de todos los imputados, por los delitos solicitados por esta Fiscalía.
 
 
Es el caso que, de parte del imputado de nombre Salvador, integrante del comité de adquisiciones de la UAS en el 2021 y 2022, quien 13 horas antes de la audiencia inicial presentó ante esta Fiscalía datos de prueba consistentes en la cancelación de 694 facturas (CFDI); siendo 366 cancelaciones del 2021 y 328 del 2022, todas corresponden al periodo de gestión del actual Rector de la UAS, facturas las cuales fueron canceladas por el proveedor Sergio y aceptadas por la UAS.
 
Del estudio que realizó esta Fiscalía de las facturas canceladas, en relación al 2021 las 366 facturas canceladas fueron por el importe de $16’784,640.00 millones, comparado con el monto de las facturas emitidas a favor de la UAS en ese año fue de $18,684,400.00 millones; en tanto del 2022 las 328 facturas canceladas fueron por el importe de $7’889,480.00 millones. De igual forma comparado con el monto de las facturas emitidas a favor de la UAS en ese año fue por el importe de $9,114,280.00 millones; dando un total de las facturas canceladas por el importe de $24’674,120.00 millones.
 
El importe total de las facturas canceladas, representa más de la mitad del importe facturado en los años 2020, 2021 y 2022, ya que el monto total de las 1,501 facturas emitidas a favor de la UAS, en esos tres años fue por el importe de $45,546,080.00 millones; facturas las cuales fueron canceladas los días 18 y 19 de agosto 2023, siendo canceladas después de la primer fecha para la audiencia inicial, después que los imputados contaban con las copias de la carpeta de investigación y antes de la segunda audiencia, y fueron aportadas a la investigación 13 horas antes de la tercer audiencia programada, la cual inició el 13 de septiembre 2023.
 
 
En ese sentido, las facturas canceladas tienen tiempos demasiados cortos entre la cancelación de una a otra factura como son de uno, dos o tres segundos de diferencia, incluso facturas del día 18 de agosto 2023 tiene la misma hora de cancelación a las 14:24:59;14:25:38;14:27:54;14:28:39 sólo por mencionar algunas; es decir, el proveedor cancelaba de dos a tres facturas al mismo tiempo, tal situación no es creíble, así como tampoco es creíble la cancelación masiva que realizó el proveedor en tan sólo dos días.
 
Cabe señalar que para que todas estas facturas quedaran con el estatus de canceladas, tuvo que haber un acuerdo entre la UAS y el proveedor, lo cual se hizo pero fuera de procedimiento , ya que la cancelación  se llevó a cabo casi dos años después de emitidas, es decir,  en cuanto se llevó a cabo la primera audiencia inicial cuando los abogados, -quienes algunos son defensores de los acusados y apoderados legales de la institución víctima del delito-  ya tuvieron en su poder las copias de las carpetas.
 
La defensa del imputado que presentó los 1,599 documentos entre ellos las 694 facturas canceladas, no dio a conocer ante el Juez la forma de cómo obtuvo todos los comprobantes de cancelación, quedando claro la gran influencia que tienen los imputados con el proveedor de las tortillas.
 
Es de llamar la atención, que el proveedor de tortillas manifestó que la UAS sólo le debía $850,000.00 pesos al día 03 de julio 2023, y después haya cancelado 694 facturas por un importe de $24’674,120.00 millones, las cuales canceló los días 18 y 19 de agosto 2023.
 
Así las cosas, el proveedor Sergio, ante esta Fiscalía aportó como dato de prueba estados de cuenta bancarios en los que aparecen los pagos que recibió de parte de la UAS, siendo 15 transferencias bancarias por la cantidad de $7,267,700.00 millones en el 2020; 86 transferencia por la cantidad de $16,293,400.00 millones en el 2021 y 33 transferencias por la cantidad de $1,104,970.00 millones.
 
Lo irregular de esas compras de tortillas, es que una factura en la que el precio del kilo de tortilla de maíz quedó registrado por $60.00 pesos el kilógramo de tortillas, y que utilizaban diferentes conceptos como totopos, tortillas de harina y otros productos, cuando los empleados de esas tortillerías refieren que solo se vendía tortillas de maíz, así mismo, los montos más altos de las compras de tortillas fueron en el 2020 y 2021 en tiempo de pandemia, cuando las casas del estudiante estaban solas, y en ese tiempo no hubo entrega de tortillas por el proveedor dicho esto por los mismos empleados de la tortillerías.
 
Con esta vinculación a proceso de servidores públicos de la UAS, queda claro que no se viola la Autonomía Universitaria, y que esta universidad si recibe recursos públicos, tal como se explicó ante el Juez de control en la audiencia inicial, en la que se detalló el Subsidio Estatal Ordinario que la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa le transfirió a la UAS, en el 2020 la cantidad de $2,034,974,247.00 millones; en el 2021 le transfirió la cantidad de $2,114,770,127.00 millones; en el 2021 le transfirió la cantidad de $2,598,761,546.72 millones.