Ambas situaciones se relacionan con financiamiento presuntamente ilegal, que puede ser investigado por el INE.

Expansión Política

En la víspera del inicio de los comicios 2020-2021, dos casos de posibles irregularidades electorales en el pasado, han estado en el centro del debate público, pues involucran al expresidente Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En el primer caso, se trata de la presunta inyección de recursos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del priista en 2012, de acuerdo con la denuncia de hechos presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en la Fiscalía General de la República (FGR); mientras que en el segundo caso, se trata de las “aportaciones” que recibió el hermano del presidente, Pío López Obrador en 2015, de manos del exdirector de Protección Civil, David León para el “movimiento” social y político que encabezaba el presidente, mismo que se filtró en un video.

Ambas situaciones se relacionan con financiamiento presuntamente ilegal, que puede ser investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a las faltas administrativas, y en el caso de Obrador, por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la la FGR.

Benito Nacif –quien fue parte del Consejo General del extinto IFE en la elección de 2012– explica que ambos actos ocurrieron bajo legislaciones distintas, y por un lado se trata de delitos y por otro de faltas.

Para Nacif, los hechos que denuncia Lozoya “son faltas administrativas”, que el INE está investigando actualmente y no han prescrito, porque las denuncias se presentaron a finales de 2017, y la prescripción de una falta administrativa en materia electoral es de cinco años con posterioridad a la presentación de la queja.

“Lo de Lozoya no ha prescrito, las quejas se están investigando y a lo mejor se presentan más en función a la revelación de la denuncia”, afirma el exconsejero, al explicar que la falta es la aportación de recursos a una campaña electoral por parte de una empresa extranjera, que no está legalmente habilitada para hacerlo.

No obstante, reconoció que este proceso no ha podido avanzar porque la FGR no ha dado la información que posee, por el “sigilo ministerial”, ya que el INE no puede ir al extranjero a pedir información.

“La Fiscalía hasta ahora –alegando este secreto– no ha proporcionado información al INE, por eso la investigación lleva todo ese tiempo, que son cerca de dos años sin avanzar mucho, ha topado con pared y esa pared es la Fiscalía, pero no ha prescrito”, detalló.

El también exconsejero electoral Alfredo Figueroa coincidió que hay una queja abierta en materia de fiscalización vinculada a las aportaciones que Odebrecht habría realizado, que está en proceso de sustanciación, y que el INE no ha podido resolver debido a que ha solicitado información a distintas autoridades, como el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no se ha otorgado.

“Buena parte de la información que se ha pedido y sigue pidiendo, simplemente no llega, se declara bajo reserva, por eso no se puede continuar con la investigación y la va retrasando (…) esto es el problema central que está detrás de la investigación”, señaló en entrevista con Aristegui Noticias.

Esto permitiría que, por lo menos en lo que respecta a la falta administrativa, el INE culmine la investigación sobre el financiamiento que supuestamente recibió Peña Nieto en 2012 y que fue denunciado por Lozoya, entonces encargado de la vinculación internacional del equipo del priista, y hoy en prisión domiciliaria.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló hace uno días que el caso del financiamiento a la campaña del PRI en 2012, se podría reabrir si las pruebas que se presenten son supervenientes (que no se conocían antes) pero indicó que se tendría que analizar exactamente qué hechos se imputan, para ver si en el ámbito administrativo-electoral no han prescrito algunos de los ilícitos y bajo qué marco legal están, pues en 2012 había conductas que no eran consideradas como delitos. Ve también: El presidente del INE ve posible reabrir la fiscalización a la campaña de Peña

Ernesto Pérez Mendía, catedrático de la Universidad Intercontinental (UIC), señaló que estos casos siguen mostrando que el gran tema en las elecciones sigue siendo la fiscalización, ya que ha sido muy lenta y los partidos a través de varios artilugios no la presentan.

“Si se hubiera sabido todo este bagaje que se sabe ahora, tanto el INE o la Fepade hubieran sabido que había dinero de más”, dijo.

¿Y en el caso de Pío Obrador?

En el caso del video del hermano del presidente donde se le ve recibiendo dinero de David León, los hechos ocurren en 2015, posterior a la reforma electoral de 2014 que dio origen al INE y en la que se configuraron nuevos delitos.

Respecto a este caso, Benito Nacif explicó que se trata de una falta administrativa por hacer una “aportación” que no se reportó, además de que se desconoce el origen de los recursos.

El presidente López Obrador reconoció en conferencia de prensa matutina que fueron “aportaciones” para el movimiento que encabezaba, sin embargo, al ser ya Morena un partido político tenía que haber registrado estos recursos ante la autoridad electoral.

La exconsejera Pamela San Martín publicó en su cuenta de Twitter que el Reglamento de Fiscalización del INE que estuvo vigente de 2014-2015 señalaba que las aportaciones de deberían hacer en cheque o transferencia electrónica y no en efectivo, como se ve en el video.

“Las aportaciones en efectivo por montos superiores a 90 días de salario mínimo – alrededor de 6,000 pesos de ese momento–, realizadas por una sola persona, deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de tal suerte que el documento que compruebe el depósito permita la identificación de los datos del aportante”.

En el video se habla de al menos un millón de pesos entregados en efectivo, aunque se deja entredicho que hubo más transferencias de este tipo, por lo que es una falta ante el INE que puede ser multada hasta por 200% del monto involucrado.

“Eso es una de las faltas más graves, porque la fuente del dinero es desconocida y el INE lo sanciona con una de las faltas más graves”, afirmó Benito Nacif en entrevista.

Además señaló que Pío López Obrador puede estar incurriendo en un delito ya tipificado en la Ley General de Delitos Electorales, que se castiga con entre 5 y 11 años de cárcel.

¿En materia penal ya hay prescripción?

El actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y extitular de la antigua Fepade (ahora FEDE), Santiago Nieto, señaló en su libro “Sin filias ni fobias” que los delitos electorales que se hubieran perpetrado en comicios federales de 2012 ya habían prescrito, así que no alcanzaría la pena considerada por la ley mexicana.

“La Fepade, debía, a mi juicio, investigar y acreditar las transferencias a la campaña electoral de 2012, y señalar que no se podría sancionar por haber prescrito los delitos, pero que éstos habían existido, y que la elección de Peña Nieto, por tanto no había sido del todo legal”, escribió Nieto para el caso del expresiente.

En el caso de Pío López Obrador, tanto miembros del PRD como del PAN han interpuesto denuncias ante la FGR por estos hechos. Acción Nacional señaló que es “indispensable que se investiguen de forma exhaustiva, el origen, uso, reporte y destino de los sobres de dinero, las cantidades y el patrimonio de las Asociaciones, así como ingresos y gastos del día a día de las actividades políticas del ahora Presidente de la República”.

Por su parte, el sol azteca advirtió la comisión de los delitos de corrupción, tráfico de influencia, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y los que resulten. Previamente, el lunes pasado, presentó una queja ante el INE. Conoce m´ás: PAN denuncia ante FGR al hermano de AMLO y PRD pide a INE que investigue.